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6,4 millones de colombianos tuvieron que cambiar de EPS por liquidaciones


Supersalud liquidó 11 en 3 años, el mayor proceso de este tipo en la historia de la salud del país.

Se han ordenado 14 medidas de liquidación, o de revocatoria (total o parcial).

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En los últimos tres años, cerca de 6,4 millones de colombianos han tenido que cambiar de EPS por cuenta de la liquidación de las que los afiliaban inicialmente. Esta población, equivalente a la de los departamentos de Atlántico, Bolívar y Córdoba, configura el mayor traslado de usuarios que se ha dado en la historia de la salud en Colombia.


De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Salud, en este periodo se han ordenado 14 medidas de liquidación, o de revocatoria (total o parcial), que han terminado en el retiro definitivo de 11 EPS del sistema de salud.


Según Fabio Aristizábal Ángel, superintendente nacional de Salud, este es el resultado de complicados procesos que tienen como base la incapacidad de estas entidades para garantizar el derecho a la salud de las personas por las que responden.


Nosotros recibimos una instrucción clara del presidente Duque: depurar del sistema todas aquellas EPS que no garantizaran el derecho a la salud

Entre las principales causales están la desviación de recursos, inviabilidad financiera, carencia de redes, negación de autorizaciones de servicios, demoras injustificadas en el suministro de medicamentos y barreras de todo tipo para la prestación de tratamientos vitales, que después de acciones definidas y compromisos establecidos, la mayoría de las EPS no pudieron mejorar. “Nosotros recibimos una instrucción clara del presidente Duque: depurar del sistema todas aquellas EPS que no garantizaran el derecho a la salud”, afirma el superintendente, quien agrega que estas decisiones no exentas de riesgos lo dejan satisfecho porque se ha comprobado que la reubicación de los afiliados ha favorecido mejores atenciones, además de indicadores de bienestar y satisfacción.


Casi todo el país


La orden de la Superintendencia Nacional de Salud es contra las EPS Comfacor, Comparta, Comfamiliar Cartagena, AMBUQ, Capresoca y Manexka EPSI.  Foto: Yomaira Grandett / EL TIEMPO
La orden de la Superintendencia Nacional de Salud es contra las EPS Comfacor, Comparta, Comfamiliar Cartagena, AMBUQ, Capresoca y Manexka EPSI. Foto: Yomaira Grandett / EL TIEMPO

Al revisar el listado, se encuentra que las EPS objeto de estas medidas, especialmente las liquidadas, en conjunto hacían presencia en casi todo el país y abarcaban afiliados tanto del régimen subsidiado como del contributivo. De hecho, se aprecia, por ejemplo, que Comparta EPS tenía presencia en 15 departamentos y más de 1,6 millones de afiliados, que hace menos de una semana tuvieron que ser distribuidos a otras 12 aseguradoras.


De igual forma, SaludVida tenía influencia en 18 departamentos y afectaba a más de 1 millón de personas. Con las mismas características de incompetencia estaban Emdisalud y Comfacor, y Ambuq. Cuando dejaron de existir, cada una liberó más de medio millón de afiliados, que ahora reciben atención en más de ocho regiones en las que actuaban.


Llama la atención que entre las 11 EPS que esta administración ha liquidado se encuentran las controvertidas Saludcoop y Cafesalud, cuyos procesos estaban detenidos a pesar de que sus afiliados ya habían sido trasladados en su totalidad. Lo mismo ocurrió con Manexka, que después de un tortuoso trámite también dejó libres a sus afiliados.


En las revocatorias parciales, que de acuerdo con la Supersalud quiere decir que la EPS ha sido retirada de manera definitiva en algunas regiones, pero continúa prestando el servicio en otras, se encuentran Medimás, que dejó de influir en 12 departamentos, en los que 1,1 millones de afiliados fueron trasladados, y Coomeva, que fue retirada de tres departamentos, donde tenía más de cincuenta mil asegurados.


Festín de los Recursos


De acuerdo con la Supersalud, durante estos procesos han quedado al descubierto el uso indebido de los dineros destinados a la salud. Por ejemplo, una de las EPS liquidadas financiaba reinados de belleza y patrocinaba un equipo de fútbol profesional, mientras sus usuarios tenían que pasar meses esperando para conseguir una cita médica o la autorización para un procedimiento. En otra EPS de la costa atlántica, según los informes verificados por EL TIEMPO, se encontraron caletas, cajas fuertes y arrumes de cajas con facturas y documentos envejecidos, ubicados en cuartos a los que se llegaban a través de pasadizos secretos.


A varias de estas empresas también se les encontraron pagos ficticios, duplicación de afiliados, contabilidades paralelas y una de ellas ni siquiera contaba con la base de datos de sus usuarios ni llevaba registros de sus caracterizaciones clínicas, que son condiciones mínimas para que estuviera operando.


"Uno no entiende cómo una EPS que pierde 30.000 millones de pesos al mes, que le debe a todo el mundo y que tiene una imposibilidad de pago pretenda seguir en el mercado”, dice Aristizábal.


Evitar Mayor Daño


Aristizábal Ángel agrega que las repercusiones de las críticas condiciones económicas que tenían estas EPS liquidadas eran mayúsculas en las clínicas y hospitales, que eran obligadas a prestar servicios sin recibir la remuneración por ellos. Es así que algunas empresas llegaron a normalizar pagos incluso con plazos superiores a los 360 días, lo que ponía a tambalear el equilibrio financiero de estas instituciones.


El impacto era tan severo que, según Supersalud, de no haber sido liquidadas, estas 11 EPS habrían incrementado las deudas con sus proveedores en más de 6 billones de pesos, y se habría extendido el riesgo incluso a personas e instituciones sin ninguna vinculación con ellos por efecto de una cadena larga en el complicado mercado de la salud.


Pero si bien para el funcionario lo fundamental ha sido garantizar la atención de estos 6,4 millones de colombianos, cada vez que ordena el cierre parcial o total de una entidad de estas se enfrenta a infinidad de estrategias que buscan echar abajo sus decisiones; por ejemplo, en algunos casos, por cuenta de fallos judiciales, se han tenido que frenar los procesos sin tener en cuenta la realidad de los pacientes.


También se han desatado avalanchas de tutelas, publirreportajes pagados, campañas virales en redes sociales, campañas de desprestigio contra la entidad y otro tipo de ataques promovidos por personajes y grupos interesados en frenar estas medidas. Solo en los últimos meses, la Supersalud ha recibido 1.245 acciones de tutela que pretenden suspender los efectos de sus decisiones. “No es una tarea fácil, pero consideramos que estamos cumpliendo con el propósito fundamental de garantizarle a la gente el acceso a servicios de salud en las condiciones de calidad y oportunidad que merecen”, remató el supersalud.


Los usuarios trasladados respaldan las medidas


La Supersalud consultó la percepción de la población trasladada entre 2019 y 2020, a través de una encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría, y encontró que el 89 por ciento calificó como buenos o excelentes los servicios que reciben en las EPS después del traslado.


De igual forma, el 90 por ciento calificó como buena o excelente la calidad de los servicios que les prestan los hospitales que conforman las redes de las EPS a las que fueron trasladados. El mayor porcentaje de satisfacción se registró frente a la oportunidad de acceder a especialistas, que fue referenciada por el 95 por ciento de los encuestados.


Artículo tomado de eltiempo.com

Por Carlos Francisco Fernández - Editor de Salud

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