Encuestas electorales: entre el método, la sospecha y la evidencia
- CNC
- hace 2 días
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Las encuestas son de las mejores herramientas disponibles para aproximarnos, con método, a lo que una sociedad piensa en un momento determinado. Destruir su credibilidad debilita la democracia, porque la democracia, además de votos, necesita formas confiables de escuchar, medir y comprender a los ciudadanos antes de las elecciones.
En tiempos electorales, pocas cosas despiertan tanta pasión como una encuesta. Cuando el resultado favorece al candidato propio, se celebra como prueba de realidad; cuando lo perjudica, se descalifica como manipulación. Sin embargo, antes de convertir las encuestas en objeto de sospecha permanente, conviene recordar algo elemental: las encuestas probabilísticas de hogares no son un invento caprichoso de la política. Son una herramienta fundamental de las ciencias sociales y de la gestión pública.
El mismo tipo de método estadístico que se usa para medir intención de voto se emplea también para medir desempleo, pobreza, condiciones de vida, nutrición, acceso a servicios y muchas otras realidades sociales. En términos generales, el procedimiento consiste en seleccionar municipios al azar, con probabilidad proporcional a su población; luego, dentro de esos municipios, seleccionar sectores, manzanas u hogares, y, finalmente, entrevistar personas siguiendo reglas previamente definidas.
Ese método no es perfecto —ningún instrumento humano lo es—, pero es sólido, probado y ampliamente aceptado. Por eso resulta extraño, y a veces francamente oscurantista, que solo cuando se trata de opinión electoral se pretenda desacreditar de raíz una metodología que el Estado, la academia y los organismos internacionales usan todos los días para entender la realidad social.
Encuestas más vigiladas que muchas otras mediciones
Las encuestas electorales tienen, además, una particularidad: son probablemente las encuestas sociales más vigiladas. Están reglamentadas por la ley, deben cumplir requisitos específicos y son revisadas por instancias técnicas. En Colombia, muchas firmas encuestadoras cuentan además con certificaciones de calidad, como la norma ISO 20252, y son auditadas por entidades externas que verifican el cumplimiento de protocolos.
Esto no significa que una encuesta no pueda equivocarse. Por supuesto que puede hacerlo. Toda medición estadística tiene márgenes de error, limitaciones de diseño y riesgos de interpretación. Pero una cosa es reconocer esas limitaciones y otra muy distinta sugerir, sin evidencia, que las firmas introducen malicia deliberada para favorecer o perjudicar a un candidato.
Esa acusación es grave. Y precisamente por ser grave exige pruebas. No basta con que a alguien no le guste el resultado. No basta con que una campaña sienta que “en la calle” le va mejor. No basta con que un dirigente político crea que su entusiasmo interno equivale a una mayoría nacional. Acusar sin evidencia a una firma encuestadora de manipulación no es crítica técnica: es irresponsabilidad pública.
La dificultad de medir una opinión que se mueve
Las encuestas electorales tienen una diferencia importante frente a otras encuestas sociales: miden un fenómeno extraordinariamente volátil. La pobreza, el desempleo y la composición demográfica no suelen cambiar de manera dramática en cuestión de días. La opinión pública, en cambio, sí puede hacerlo.
Una campaña, un debate, una alianza, un escándalo, una noticia falsa o una emoción colectiva pueden mover el tablero en muy poco tiempo. La política se parece a veces a una carrera de caballos: durante buena parte del trayecto se pueden ver tendencias, pero los últimos metros pueden ser decisivos.
Por eso las firmas encuestadoras suelen oponerse a las vedas excesivamente largas. Saben que al final serán comparadas con el resultado electoral, pero muchas veces la ley les impide publicar la fotografía más cercana a la meta. Es como pedirle a un fotógrafo que responda por la llegada de una carrera, pero prohibirle tomar la imagen de los últimos cien metros.
En síntesis: las encuestas electorales usan métodos probados, están sometidas a auditorías y, además, enfrentan una prueba pública que no tienen muchas otras mediciones: la comparación con el resultado de las urnas.
El riesgo de abandonar el método
Algunas voces sugieren que las firmas deberían abandonar las encuestas presenciales probabilísticas y reemplazarlas por mediciones más rápidas, más baratas o más llamativas, como encuestas en línea sin controles adecuados. El problema es que no todo lo que produce números produce conocimiento.
Las firmas colombianas que siguen el método probabilístico presencial lo hacen, al menos, por dos razones. Primero, porque es un método probado. Segundo, porque es el método exigido por la regulación electoral. No seguirlo implicaría no solo riesgos legales, sino también riesgos técnicos muy altos.
La reciente elección dejó ejemplos elocuentes. En una publicación previa a los comicios, la revista Semana presentó un empate, con cerca del 12%, entre la Consulta por la Vida y la Gran Consulta por Colombia. El resultado fue muy distinto: la Gran Consulta por Colombia obtuvo muchas veces más votos que la Consulta por la Vida. También se dijo que la Consulta por la Vida tendría más votos que la Consulta de las Soluciones, y ocurrió lo contrario.
Errores de esa magnitud no son simples diferencias menores. Son señales de que el instrumento usado puede no ser adecuado para medir el fenómeno que se pretende medir. En materia electoral, la velocidad no puede sustituir la representatividad. La comodidad de preguntar por internet no reemplaza la disciplina de construir una muestra probabilística.
Obedecer la ley y usar un método robusto no es falta de modernidad. Tampoco es incapacidad para hacer encuestas en línea. Es respeto por la naturaleza del fenómeno que se quiere medir.
En política, ignorar las encuestas suele salir caro
Las encuestas tienen algo en común con las vacunas: muchas personas deciden no creer en ellas, pero la realidad suele terminar contradiciendo sus deseos.
La política está llena de dirigentes convencidos de que tienen una fuerza que los datos no registran. Creen que sus reuniones concurridas, sus redes sociales activas o el entusiasmo de sus seguidores son prueba suficiente de una ola nacional. Pero las urnas, con frecuencia, son implacables.
El caso de Roy Barreras es ilustrativo. Para muchos, tenía condiciones para ser un candidato presidencial importante. Él mismo afirmó en distintos escenarios que podía alcanzar millones de votos. Sin embargo, las encuestas le marcaban alrededor del 1% o menos de intención de voto. Al final, obtuvo cerca de 230.000 votos, una cifra mucho más cercana a lo que venían mostrando las encuestas que a las expectativas proclamadas por su campaña.
Roy Barreras es un dirigente de carácter, con una trayectoria significativa y un aporte importante a la vida política del país. Pero su caso muestra una lección dura: la voluntad no reemplaza la medición. En política, no creerles a las encuestas puede ser emocionalmente cómodo, pero estratégicamente costoso.
Algo similar ocurre cuando campañas que todavía no muestran una mayoría clara se convencen de que ganarán en primera vuelta. La política necesita entusiasmo, sin duda. Pero cuando el entusiasmo rompe sus vínculos con la realidad, deja de ser energía y se convierte en autoengaño.
Fake news, sospecha y erosión de la confianza
Vivimos en un ecosistema informativo especialmente tóxico. Las redes sociales y la inteligencia artificial han puesto al alcance de cualquiera la posibilidad de clonar voces, fabricar imágenes, difundir noticias falsas y amplificar calumnias. Nunca había sido tan fácil producir confusión a gran escala.
En ese ambiente, las encuestas y las firmas encuestadoras también se vuelven blanco de ataques. Se dice, por ejemplo, que favorecen a un candidato. Pero los métodos, las auditorías, la trazabilidad del trabajo de campo y los protocolos de calidad están precisamente diseñados para impedirlo.
También se insinúa que una firma puede manipular resultados porque contrata con uno u otro cliente. Esa afirmación desconoce la lógica misma del negocio. Una firma encuestadora vive de su credibilidad. Puede sobrevivir a un error técnico explicado; no puede sobrevivir a la pérdida de confianza. Quien vende información confiable no puede darse el lujo de contaminarla.
La frase atribuida a Lincoln sigue siendo pertinente: se puede engañar a todos durante algún tiempo, y a algunos durante mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Las firmas encuestadoras colombianas que llevan treinta o cuarenta años en el mercado no habrían podido sostenerse si no hubieran mantenido un compromiso esencial: llevar la voz de los ciudadanos a la opinión pública y a los centros de decisión sin enturbiarla en el camino.
Las encuestas no son oráculos. No reemplazan la política, no sustituyen el juicio ciudadano y no predicen el futuro con certeza absoluta. Pero son de las mejores herramientas disponibles para aproximarnos, con método, a lo que una sociedad piensa en un momento determinado.
Destruir su credibilidad sin razones técnicas suficientes no fortalece la democracia. La debilita. Porque una democracia necesita votos, sí, pero también necesita formas confiables de escuchar, medir y comprender a los ciudadanos antes de que hablen definitivamente en las urnas.
Acerca del Autor: Carlos Lemoine
Presidente del Centro Nacional de Consultoría. Ingeniero Civil y Matemático de la Universidad Nacional de Colombia. Maestría y doctorado en Matemáticas Aplicadas de la Universidad de Maryland. Ex Director de Estudios de la Compañía Ecuatoriana de Datos, ex Director de Estudios Socioeconómicos y Estadísticos de la Compañía Colombiana de Datos, ex Director General de Análisis Socioeconómico del DANE, y ex Presidente de la Sociedad Colombiana de Matemáticas.
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